Ociogo

El pasado año 2013 el Parlamento regional de la Comunidad de Madrid aprobaba una polémica Ley de Patrimonio Histórico. La ley contemplaba una ampliación de competencias externas y abría la puerta a la venta y gestión externa del patrimonio cultural de la ciudad.

Nada más aprobarse, organizaciones en defensa del patrimonio de la Comunidad apuntaban a que parte de esta ley no era legal y recurrieron la medida. Un año después y con varios proyectos y obras ya en marcha, el Tribunal Constitucional ha dictaminado la inconstitucionalidad de 8 artículos de la Ley, concretamente los que afectan a la explotación privada con fines hoteleros y comerciales de edificios y recursos del patrimonio cultural.

A partir de esta sentencia, desde la Comunidad y el Ayuntamiento tendrán que analizar cada uno de los proyectos pues por ejemplo, dos de los más polémicos, el relativo al Edificio España y el Proyecto Canalejas podrían verse modificados o incluso paralizados.

Un respeto íntegro

Según interpreta el máximo organo jurisprudente del Estado, la Ley de Patrimonio Histórico de Madrid cambió la catalogación y otorgaba a los Bienes de Interés Cultural una menor protección que la Ley Estatal competente y cierra por definición; que los bienes de interés cultural 'son aquellos edificios, objetos artísticos, históricos o paleontológicos, jardines o parques con valor histórico o científico que sean relevantes para el Patrimonio Histórico Español'.

Gracias a esta sentencia cada uno de los proyectos deberán ser analizados, no limitándose sólo por ejemplo al respeto de la fachada si no que si el lugar es catalogado como 'Bien de Interés Cultural', el organismo público podrá vender la gestión del inmueble pero deberá controlar el respeto íntegro al conjunto del lugar.